A casi dos años del asesinato de las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García, integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) regresaron el jueves 5 a las calles de Oaxaca para exigir justicia, denunciar la falta de resultados en las investigaciones y advertir que el caso permanece atrapado entre la impunidad, la disputa política y la violencia histórica que ha marcado a la región triqui.
Frente al Palacio de Gobierno, militantes y simpatizantes de la organización demandaron avances concretos en las indagatorias sobre el crimen ocurrido la madrugada del 5 de noviembre de 2024 en la colonia Francisco I. Madero de la capital oaxaqueña, donde ambas mujeres fueron asesinadas a balazos cuando descendían de un taxi frente a su domicilio.
Para el MULT, los 19 meses transcurridos representan un símbolo del rezago institucional y de la incapacidad del Estado para garantizar justicia a las víctimas indígenas de una de las regiones más conflictivas de Oaxaca.
"Los meses se acumulan sin respuestas claras, sin detenidos suficientes y sin castigo para quienes ordenaron este crimen", denunciaron durante la protesta.
Más que un crimen: el asesinato de dos defensoras comunitarias
Desde el día del crimen, el MULT responsabilizó públicamente a Macario García Merino, dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), como presunto autor intelectual.
La acusación fue rechazada por el MULTI, cuyos integrantes sostuvieron que las investigaciones debían considerar otras líneas, incluidas posibles disputas internas dentro del propio movimiento.
Este jueves, durante la protesta, el MULT insistió en que García Merino no debe recuperar su libertad y exigió que enfrente la justicia por diversos hechos violentos registrados en la microrregión triqui.
La confrontación entre ambas organizaciones refleja una rivalidad política y territorial que durante décadas ha provocado desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones y enfrentamientos armados en comunidades de la Mixteca oaxaqueña.
El señalamiento que agravó el caso: la presunta participación de un policía estatal
La investigación dio un giro cuando se informó que entre los implicados en el asesinato figuraba al menos un elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Oaxaca.
Esa revelación elevó la gravedad del caso y llevó al MULT a solicitar que la Fiscalía General de la República atrajera las investigaciones.
La organización sostiene que la participación de agentes estatales obliga a revisar el expediente bajo estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, incluso considerando la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales.
Hasta ahora, sin embargo, la atracción federal no se ha concretado y los familiares continúan denunciando falta de resultados.
Una versión oficial que sigue siendo cuestionada
La postura del Gobierno de Oaxaca también ha sido motivo de controversia. El 12 de noviembre de 2024, apenas una semana después de los asesinatos, el gobernador Salomón Jara Cruz declaró que el crimen no tenía motivaciones políticas.
Esa afirmación fue rechazada por dirigentes del MULT, quienes sostienen que las víctimas eran figuras relevantes dentro de la organización y que sus actividades comunitarias, jurídicas y de búsqueda de personas desaparecidas forman parte del contexto que debe analizarse. Para la organización, descartar el móvil político significó cerrar prematuramente líneas de investigación fundamentales.
La violencia que persiste en la región triqui
El asesinato de Adriana y Virginia Ortiz no es un hecho aislado. La región triqui acumula décadas de conflictos agrarios, disputas políticas y confrontaciones entre organizaciones sociales que han dejado una larga lista de víctimas.
Diversos organismos nacionales e internacionales han documentado desplazamientos forzados, desapariciones y homicidios relacionados con la disputa por el control político y territorial en municipios como San Juan Copala.
En este contexto, el doble feminicidio de las hermanas Ortiz se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de los últimos años debido a su condición de mujeres indígenas, defensoras comunitarias y familiares de personas desaparecidas.
Justicia pendiente
A 19 meses del crimen, las preguntas centrales continúan sin respuesta: quién ordenó los asesinatos, cuál fue el móvil definitivo y por qué las investigaciones avanzan con lentitud.
Mientras las autoridades sostienen que existen avances en el expediente, familiares y organizaciones consideran que la justicia permanece incompleta.
Por ello, el MULT volvió a las calles para recordar que el caso sigue abierto y que, para las comunidades triquis, la memoria de Adriana y Virginia Ortiz continúa siendo una exigencia permanente de verdad, castigo a los responsables y garantías de no repetición.
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