Desde 2023 y hasta 2026, 34 periodistas de Oaxaca han sido incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó el secretario de Gobierno estatal, Jesús Romero López.
De acuerdo con el funcionario, 11 comunicadores mantienen medidas de protección vigentes debido a situaciones de riesgo relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión. Según lo expuesto, entre los actores señalados por las víctimas se encuentran caciques regionales, líderes sindicales, policías estatales y presidentes municipales.
Los señalamientos corresponden a las referencias de las personas beneficiarias de las medidas y no implican, por sí mismos, que exista una responsabilidad legal acreditada contra quienes hayan sido señalados.
¿Cuántos periodistas tienen medidas de protección en Oaxaca?
Romero López afirmó que las autoridades mantienen comunicación con las personas beneficiarias del mecanismo y que se han acordado diferentes medidas de protección de acuerdo con las condiciones particulares de cada caso.
El secretario de Gobierno sostuvo que en nueve casos las amenazas y situaciones de hostigamiento han cesado, por lo que, según la evaluación de las autoridades, las personas comunicadoras habrían superado las condiciones de riesgo que motivaron su incorporación al mecanismo.
En estos procesos también han intervenido organismos de protección de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de acuerdo con lo señalado por el funcionario.
Romero López afirmó que, dentro de los casos registrados durante el periodo referido, no existen denuncias por amenazas atribuidas a funcionarios del Gobierno de Oaxaca o al gobernador Salomón Jara Cruz.
¿Quiénes son señalados por amenazas contra periodistas en Oaxaca?
Según la información presentada por el secretario de Gobierno, las personas periodistas incorporadas al mecanismo han señalado a distintos actores como presuntos responsables de amenazas o situaciones de riesgo.
Entre los perfiles mencionados están caciques regionales, líderes sindicales, policías estatales y presidentes municipales.
Estos señalamientos forman parte de los casos atendidos mediante mecanismos de protección y deben distinguirse de una determinación judicial. La existencia de una medida cautelar o de protección no significa que la responsabilidad de una persona señalada haya sido acreditada legalmente.
El funcionario también afirmó que la mayor parte de las agresiones y ataques contra medios de comunicación en Oaxaca se concentró entre 2013 y 2023. Durante ese periodo, señaló, existen 32 amenazas registradas ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
¿Qué relación tiene el caso de Alejandro Leyva con las protestas?
Las declaraciones se producen después de la polémica generada por un grupo de personas que habría intentado impedir la protesta de familiares del periodista Alejandro Leyva Aguilar durante una calenda relacionada con las actividades de la Guelaguetza.
El gobernador Salomón Jara Cruz rechazó haber participado o dado instrucciones para impedir la manifestación.
“Yo respeto la libre manifestación de todas las expresiones, más si se trata de un tema de justicia, y jamás daría una orden para evitarlas”.
El mandatario señaló que solicitó revisar los videos relacionados con el incidente y sostuvo que, si se identifica la participación de servidores públicos en las acciones para impedir la protesta, estos deberán ser sancionados conforme corresponda.
Jara Cruz también afirmó que, al conocer la presencia de los manifestantes, decidió no participar en el trayecto de los danzantes para evitar una posible confrontación.
Gobierno de Oaxaca ofrece diálogo a familiares de Alejandro Leyva
El gobernador manifestó su disposición para reunirse con los familiares de Alejandro Leyva Aguilar y abordar sus demandas relacionadas con el esclarecimiento del asesinato del periodista.
De acuerdo con lo expuesto por el mandatario, se trabaja en la organización de un encuentro en el que también participaría la Secretaría de Gobernación.
El caso del periodista oaxaqueño se mantiene como uno de los asuntos que han generado preocupación entre integrantes del gremio periodístico y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Mientras tanto, las autoridades estatales sostienen que mantienen coordinación con el mecanismo federal de protección y que las medidas destinadas a periodistas en riesgo se determinan de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso.
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