El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó una sentencia en contra de la productora de Nacho Cano, obligándola a indemnizar con casi 12 mil euros a Aitor Antruejo, uno de los artistas del musical Malinche, tras ser despedido de forma improcedente en 2023. Esta resolución se suma a otros conflictos legales relacionados con la producción.

La sentencia establece que el despido, efectuado el 25 de abril de 2023, se justificó inicialmente bajo la acusación de “disminución voluntaria y continuada” del rendimiento laboral del artista. Sin embargo, el tribunal considera que la empresa reconoció el carácter improcedente del despido y resolvió el caso basándose en el convenio colectivo de actores y actrices de la Comunidad de Madrid.

El fallo judicial señala que Aitor Antruejo trabajó para el musical Malinche desde el 1 de agosto de 2022, poco antes de su estreno el 15 de septiembre del mismo año. Tras varios meses de colaboración, la productora le notificó la extinción de su contrato en abril de 2023.

La empresa intentó justificar la indemnización bajo un convenio distinto, el de Profesionales de la danza, circo, variedades y folclore, lo que habría reducido la cifra de compensación a menos de 2 mil euros. Sin embargo, el tribunal ratificó que el convenio aplicable era el de actores y actrices, que establece un pago correspondiente a cinco mensualidades de salario, calculado en 11 mil 882.95 euros.

Esta sentencia se basa en una resolución previa que ya había condenado a la productora por intentar aplicar convenios ajenos a los acordados en el contrato del demandante. El TSJM enfatizó la obligación de respetar las condiciones firmadas y no alterar unilateralmente los términos laborales.

Además del conflicto laboral, Nacho Cano deberá declarar el 13 de enero en los Juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, como imputado en un caso que investiga la presunta llegada de casi 20 becarios mexicanos para trabajar en el musical bajo condiciones irregulares.

Estos jóvenes habrían ingresado a España como turistas, según las acusaciones, aunque realizaban labores formativas y laborales relacionadas con la producción. Este proceso busca determinar si existieron irregularidades administrativas en la contratación de los becarios y si la productora vulneró normativas migratorias.